Diputados convirtió en ley el martes 24 de junio el acuerdo para pagarles a dos grupos de holdouts que habían quedado afuera de los canjes de deuda. Según Infobae, la votación fue de 139 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención, con el Senado ya despachado antes por 40 a 22. El texto autoriza desembolsar alrededor de US$171 millones: unos US$67 millones para Bainbridge Ltd. y unos US$104 millones para el grupo que lidera Attestor Value Master Fund LP.

Acompañaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y los bloques provinciales; rechazaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. El pago se hará bajo el mecanismo de Delivery versus Payment, que libera los fondos en el mismo acto en que se cancelan los títulos, con una quita cercana al 30 por ciento. El apuro tiene fecha: la jueza Loretta Preska, de Nueva York, fijó el 30 de junio como límite, y sin ley antes de ese día se reactivaban los juicios y los embargos sobre activos argentinos en el exterior. El diputado Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, lo defendió como la chance de "cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años".

La misma velocidad no rige para adentro. El Argentino Diario informó que la beca Progresar sigue clavada en $35.000 desde septiembre de 2024: en junio la ANSES actualizó jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo, y dejó a los estudiantes afuera del aumento. Con los salarios universitarios el camino fue el inverso al de los holdouts: en lugar de pagar rápido para esquivar el pleito, el Gobierno litigó hasta arriba. La Nación y Chequeado consignaron que el 25 de junio la Corte Suprema dejó firme la cautelar que lo obliga a cumplir la ley de financiamiento universitario en salarios y becas, una norma cuyo veto el propio Congreso ya había rechazado. Los docentes acumulan una pérdida del 52 por ciento de poder adquisitivo desde diciembre de 2023, y el 21,3 por ciento que el Gobierno ofreció en junio queda lejos del 56 por ciento que la ley reclama sobre los sueldos de mayo.

Puestas en fila, las decisiones ordenan una prioridad. En la misma jornada, según El Cronista, Diputados también aprobó el llamado Súper RIGI con alrededor de 130 votos, el régimen que amplía beneficios a los grandes capitales. Para los fondos que litigaban en Nueva York hubo ley exprés y caja antes del 30 de junio; para los becarios congelados y los docentes con sueldos licuados, la respuesta del Estado fue apelar y demorar hasta que la Corte ordenara cumplir. Los bloques que levantaron la mano para pagarles a Bainbridge y a Attestor son los mismos que no encuentran los pesos para sostener una beca de $35.000.