NUEVA YORK. Contemos una historia... El Departamento del Tesoro de los EE. UU. acaba de dar un giro de ciento ochenta grados. Mediante una regla final, el organismo decidió eximir permanentemente a las empresas e individuos estadounidenses de informar sobre su propiedad beneficiaria, revocando así la Ley de Transparencia Corporativa que se impuso en 2021.

Este movimiento toca la fibra de lo que algunos sectores ven como un sistema de vigilancia nacido bajo la era Biden. Según el comunicado oficial de FinCEN, la medida elimina la obligación de reporte para los ciudadanos del país, dejando un vacío administrativo que podría marcar el fin de una era de supervisión masiva.

Memoria institucional

No se trata solo de dejar de exigir datos nuevos. La orden incluye la eliminación de la información que los estadounidenses ya habían reportado en la base de datos de propiedad beneficiaria. Es un borrado de la memoria institucional que deja un rastro invisible en los registros del Estado.

El ahorro para las empresas podría alcanzar los 6.7 billones de dólares en la próxima década.

Este número, citado por la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, es el argumento que sostiene la medida. Para el sector privado, la decisión representa un alivio frente a una carga burocrática que, según la narrativa oficial, asfixiaba la economía.

Sistema de dos velocidades

Sin embargo, la transparencia no se aplicó por igual. Mientras los ciudadanos estadounidenses recuperan su privacidad, las empresas de reporte extranjeras deberán seguir divulgando la identidad de sus individuos. Se crea, en la práctica, un sistema de dos velocidades: uno que protege al local y otro que expone al externo.

La división de opiniones es profunda. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la acción como "una victoria para el sentido común y las pequeñas empresas". Pero hay otros que ven una puerta abierta para el crimen organizado.

Lo que para unos es libertad, para otros es un regalo para los carteles.

La senadora Elizabeth Warren fue tajante al advertir que esta norma facilita que criminales y adversarios utilicen empresas fachada para mover dinero a través del sistema financiero. La tensión entre seguridad nacional y costos de cumplimiento parece no tener resolución.

Vacío de ejecución

Hay un detalle que nadie alcanza a explicar con precisión: cómo se llevará a cabo el borrado masivo de esos datos. La información disponible es insuficiente para saber bajo qué método y en qué tiempos se eliminará la base de datos ya existente.

Nos queda una pregunta que flota en la incertidumbre técnica de la ejecución. En un mundo que se mueve hacia la trazabilidad total, el regreso al anonimato de los dueños de la propiedad plantea una duda incómoda: ¿quién controla ahora lo que ya no se puede ver?

Decidí vos si la pregunta entró sola y se quiere quedar.