EN EL MEDIO
NEUQUÉN, 11 de agosto de 2026. El Municipio de Neuquén inició un proceso sancionatorio contra una empresa constructora integrante de una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculada a obras en la ciudad, luego de que se registrara el vertido de un líquido de color marrón en el cauce del río Neuquén. El episodio fue detectado por un vecino mediante un registro de video en las inmediaciones de la calle Figueroa Alcorta.
La versión de la empresa
La compañía constructora involucrada sostiene que el material vertido no constituye un contaminante, sino agua de pozo de obra con presencia de sedimentos de tierra. Según el descargo de la firma, el material es parte de los procesos de excavación de la obra que está llevando adelante en la zona.
Sin embargo, las autoridades locales rechazaron la justificación técnica presentada. Francisco Baggio, funcionario municipal, fue categórico respecto a la irregularidad del hecho: “Esto no se puede hacer de ninguna manera”, sentenció.
La multa para la constructora podría alcanzar los $15.000.000 según la escala de sanciones municipales.
Alcance de las sanciones
El Municipio de Neuquén informó que las multas económicas aplicadas a la UTE podrían oscilar entre los $5.000 y los $15.000.000 pesos. Además de la sanción pecuniaria, el organismo exigirá a la empresa la remediación integral del área afectada por el vertido.
Como medida de control, se ordenó que la empresa financie estudios de calidad de agua que deberán ser realizados por laboratorios certificados. El monitoreo ambiental de los sedimentos y la columna de agua se extenderá hasta 3.000 metros aguas abajo del punto de vertido para determinar el impacto real en el ecosistema.
El impacto ambiental
Este incidente pone de relieve la tensión entre el avance de las obras de infraestructura y la protección de los cuerpos de agua en el litoral. El crecimiento de la frontera urbana y los proyectos de construcción suelen tensionar la capacidad de respuesta de los organismos de control ambiental.
Actualmente, la efectividad de la normativa vigente frente al vertido de efluentes en ríos urbanos sigue siendo un punto de fricción constante entre las empresas de servicios y la gestión pública. El caso queda ahora bajo la supervisión de los equipos técnicos municipales para asegurar que el monitoreo cubra toda la zona de dispersión de los sedimentos.
