El Memorando de Islamabad reordena, en sus catorce puntos, dinero, fronteras militares y carreras políticas al mismo tiempo, y por eso las objeciones públicas se entienden mejor por la posición que cada actor defiende que por el argumento que esgrime. Las condenas de las últimas dos semanas se agrupan en cuatro lógicas, y en las cuatro el rechazo cuida un interés que no se enuncia en voz alta.

El gobierno israelí: el frente libanés como activo de coalición

El punto del memorando que ordena «el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano» es el que el gobierno de Benjamin Netanyahu rechaza de plano. Netanyahu sostuvo que Israel «no está obligado por el acuerdo» y que conservará «su libertad de acción», y anticipó que sus tropas seguirán en el sur del Líbano mientras la seguridad del país lo exija. El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más lejos: dijo que no habrá retirada del sur libanés «ni siquiera si hay una exigencia estadounidense», y que los cerca de 200.000 desplazados libaneses «nunca podrán regresar». El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, escribió que «el acuerdo de Trump no nos obliga, no somos parte de un acuerdo que no garantiza nuestra seguridad». El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió «abrir las puertas del infierno» en el Líbano.

La coalición de Netanyahu depende de los socios de extrema derecha que necesitan el frente libanés abierto, y una tregua que imponga la retirada retira también el argumento que mantiene unido al gabinete. Al negarse a cumplir esa cláusula, Israel mueve primero y traslada el costo a los desplazados que el propio Katz condena a no volver, y deja a Trump sosteniendo un acuerdo que su principal aliado declara no acatar.

Los halcones republicanos: firmar lo que se atacó durante una década

En Washington la objeción vino de los aliados habituales del presidente. El senador Bill Cassidy describió el texto como «una especie de JCPOA aumentado» y como «el peor error de política exterior en décadas», y advirtió que Irán «aprendió que amenazar el estrecho de Ormuz funciona» y que «podrá construir infraestructura completamente nueva con este acuerdo». El senador Tom Cotton, que preside el Comité de Inteligencia, dijo a Fox News tener «preocupaciones de que ciertos aspectos de este acuerdo van en la dirección equivocada», calculó que el alivio de sanciones dejaría a Teherán entre 4.500 y 6.000 millones de dólares mensuales y sostuvo que el régimen «no va a gastar ese dinero en guarderías ni en hospitales» y que «lo va a usar para reconstruir sus arsenales de drones, sus misiles, para financiar a Hamás y a Hezbolá». El representante Mike Lawler redujo la objeción a su núcleo técnico: «el uranio enriquecido es lo que importa aquí». El senador Roger Wicker, que preside el Comité de Servicios Armados, se dijo «preocupado por que el memorando negocie y entregue las victorias de la Operación Epic Fury». El propio Senado aprobó una resolución de poderes de guerra para ordenar la retirada de tropas, con cuatro republicanos rompiendo filas.

Estos legisladores dedicaron una década a atacar el acuerdo nuclear de 2015 por permitir el enriquecimiento y el alivio de sanciones, y ahora un texto que se le parece lleva la firma de su propio presidente. El argumento invoca el uranio enriquecido, pero el cálculo de fondo protege un expediente partidario de diez años ante la base electoral y los donantes proisraelíes, sin cargar con el costo de enfrentar a Trump en otros terrenos.

Los ultraconservadores iraníes: la pugna por el poder de la posguerra

Dentro de Irán el rechazo más orgánico salió de la facción ultraconservadora Paydari (Perseverancia). El ayatolá Nabavian, de la comisión de seguridad nacional, comparó las cláusulas de inversión estadounidense con «una colonización de Irán» y objetó que Teherán quede sin margen para administrar Ormuz. En el Parlamento, el diputado Hamid Rasai acusó a Pezeshkian y al presidente de la cámara, Mohammad Bagher Ghalibaf, de dar «un golpe» contra el Líder Supremo; Abolfazl Aboutorabi dijo a Didban Iran que Ghalibaf «juega con las palabras» al presentar el texto como memorando y no como acuerdo vinculante, e impide «que el Parlamento legisle sobre la soberanía»; Kamran Ghazanfari sostuvo que «un solo hombre está tomando decisiones en nombre de los 290 legisladores» y amenazó con una sentada si la cámara no reabría antes del 28 de junio. El Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, avaló el memorando pese a sostener «una visión distinta en principio» y advirtió que sembrar «pesimismo entre la gente» sirve al enemigo, un reproche dirigido a esos mismos críticos.

El alivio de sanciones, el descongelamiento de activos y los 300.000 millones de reconstrucción beneficiarían sobre todo a una población iraní golpeada por años de bloqueo. La facción que bloquea el acuerdo pelea menos contra ese beneficio que por el control de la posguerra: atacar a Ghalibaf y a Araghchi por «ceder» posiciona a Paydari para la pugna interna que viene y mantiene el alivio material como rehén de un cálculo de poder. La cuenta la paga el iraní común que espera el fin del bloqueo.

Las monarquías del Golfo: condenar a Irán para conservar el paraguas

Aquí conviene una precisión. El episodio del 27 de junio en Baréin no fue un ataque estadounidense: el día anterior Irán golpeó un carguero en Ormuz, Estados Unidos respondió con bombardeos sobre territorio iraní y la Guardia Revolucionaria lanzó drones contra Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense. Las condenas oficiales que siguieron apuntaron a Teherán. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo expresó su «más enérgica condena» a los «ataques traicioneros» iraníes y dijo que golpear infraestructura civil «confirma su voluntad de socavar las iniciativas para contener la crisis». El Ministerio de Exteriores de los Emiratos calificó los «ataques agresivos iraníes» de «flagrante violación» de la soberanía de Baréin, y Kuwait habló de un «ataque criminal iraní».

Estas monarquías albergan bases estadounidenses y dependen del paraguas militar de Washington, de modo que les conviene que la tregua sobreviva y que la culpa de su fragilidad recaiga sobre Irán, y la condena del ataque cumple las dos cosas a la vez. Conviene precisarlo: lo que estas potencias rechazan es la acción iraní que amenaza con descarrilar la tregua, y su condena figura en este recuento por ser el pronunciamiento oficial documentado de la ventana.

Quién queda para pagar la cuenta

Las cuatro lógicas comparten una estructura. Cada actor que rechaza protege un activo propio: el gobierno israelí, la coalición que vive del frente abierto; los halcones republicanos, un expediente partidario de diez años; la facción Paydari, su lugar en la pugna interna iraní; las monarquías del Golfo, el paraguas militar estadounidense. Y en cada caso, quien mueve primero traslada el costo hacia abajo, hacia poblaciones que no se sientan a ninguna mesa: los 200.000 desplazados que Katz condena a no volver, los iraníes que aguardan el levantamiento del bloqueo, los civiles de Baréin bajo los drones. El memorando del 17 de junio se firmó para suspender una guerra, y la lista de quienes lo condenan mide cuántos actores tenían algo que perder con que terminara, y quién quedaba para pagar la cuenta de que continuara.