Un memorando se mide por lo que cada parte aceptó firmar contra su propia posición de partida, más que por lo que proclama en voz alta. El texto que Trump rubricó en Francia al cierre del G7 y que Pezeshkian firmó en Teherán, difundido por NPR, CNN y la revista TIME como un documento de catorce puntos con mediación del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el acompañamiento de Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, admite esa lectura con una nitidez incómoda para quien entró en la guerra con superioridad militar incontestable y objetivos máximos. Conviene recorrerlo cláusula por cláusula, porque el reparto de obligaciones, la distancia entre lo exigible de inmediato y lo diferido a un acuerdo posterior, revela quién negoció desde la necesidad mejor que cualquier comunicado de victoria.

El cese y la soberanía: el objetivo máximo, retirado por escrito

La primera cláusula compromete a una «terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano», y la segunda obliga a ambas partes a respetar su soberanía y a abstenerse de injerencias en sus asuntos internos. En esa fórmula desaparece el objetivo que ordenó la campaña, la transformación del carácter político de la República Islámica. Quien bombardea para cambiar un régimen y luego firma su no injerencia admite que el instrumento militar no alcanzó el fin político, y así lo registró Al Jazeera al señalar que Washington abandonó la retórica del cambio de régimen aunque sostenga que sus operaciones ya lo habían conseguido. El cese, además, no vincula a quien puede romperlo a menor costo, porque Israel y Hezbollah no figuran entre los firmantes y el ministro de Defensa israelí declaró que sus fuerzas permanecerán por tiempo indefinido en las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza. Un alto el fuego cuyo actor más capaz de reanudarlo queda fuera del documento descansa sobre la voluntad de los firmantes y carece de un mecanismo que lo haga exigible.

El bloqueo, devuelto en treinta días

La cuarta cláusula dispone que Estados Unidos comience a retirar su bloqueo naval y lo levante por completo en treinta días. El dato pesa porque el bloqueo de los puertos iraníes había sido, junto con las sanciones, la principal palanca coercitiva de Washington desde que la guerra estalló a fines de febrero. Renunciar a esa palanca con un calendario fijo, antes de que se cierre el acuerdo definitivo, traslada una ventaja tangible a Teherán a cambio de compromisos que el texto deja en buena medida diferidos. El primer movimiento costoso lo hace quien tenía el cerco montado.

Ormuz: la cláusula que reparte la renta del estrecho

Aquí está el centro del documento, y conviene leer cada palabra. Irán se obliga al «paso seguro de buques comerciales sin cargo durante 60 días solamente», desde el Golfo Pérsico hasta el mar de Omán, con desminado a cargo de Irán en treinta días y diálogo con el Sultanato de Omán sobre la administración futura del corredor. La palabra decisiva es «solamente», porque al fechar la gratuidad el texto reconoce por escrito que existe un después en el que Irán podrá cobrar. El negociador iraní Ghalibaf lo dijo sin ambigüedad a Al Jazeera y Newsweek, el Estrecho de Ormuz no volverá a las condiciones previas a la guerra e Irán recibirá una tarifa por servicios, y el portavoz Baghaei repitió la fórmula. Trump sostiene lo contrario, y según The Hill y Al Jazeera proclamó que no habrá peajes durante los sesenta días y que, vencido el plazo, los cobraría Estados Unidos por los «servicios prestados como Ángel Guardián de los países de Oriente Medio», e incluso deslizó la posibilidad de un programa de peajes conjunto con Irán. El National Security Journal resumió la contradicción, Washington afirma que no hay peajes, Teherán habla de tarifas por servicios, y las dos cosas no pueden ser verdaderas a la vez.

La disputa nominal sobre peajes y tarifas encubre la verdadera pregunta de incentivos, quién cobrará la renta del corredor por el que pasa cerca de un quinto del petróleo que consume el mundo. La gratuidad por sesenta días aplaza esa pregunta en lugar de resolverla. Y mientras se aplaza, Irán ya demostró su capacidad de fijar precio, porque antes de la firma abrió un canal propio al norte de la isla de Larak por el que al menos un buque pagó dos millones de dólares. El control físico del paso es el activo, y el memorando lo congela por dos meses sin retirarlo de manos iraníes.

El plazo de desminado refuerza el punto. Irán se compromete a limpiar las minas en treinta días, cuando Estados Unidos había calculado en seis meses el tiempo necesario para retirar los artefactos que atribuye a Teherán. La brecha no es un error de cálculo, porque quien sembró las minas conoce su ubicación y puede despejarlas a una velocidad que un adversario, barriendo a ciegas, jamás igualaría. Esa asimetría de información convierte el «paso seguro» en una concesión revocable, segura mientras Irán quiera mantener mapeado y abierto su propio campo minado, e insegura en cuanto decida lo contrario. A ello se añade que el texto, según la versión difundida por NPR, exige a Irán solo sus «mejores esfuerzos» para franquear el paso sin cargo, una obligación blanda que admite el incumplimiento con coartada. Quien redacta «mejores esfuerzos» se reserva el derecho a interrumpir mientras niega que interrumpe.

El costo de esta arquitectura no lo pagan los firmantes. Con el tráfico reducido a cerca del 5 por ciento del promedio previo a la guerra, según el relevamiento de CNN, y con unos once mil marinos atrapados a bordo a la espera de evacuación, según la Organización Marítima Internacional, la cuenta del corredor la pagan las tripulaciones varadas y las economías asiáticas que dependen del crudo y del gas que ya no fluyen. La cláusula de Ormuz es, en rigor, un acuerdo sobre quién tendrá derecho a cobrarles cuando vuelvan a navegar.

La reconstrucción y las sanciones: la cuenta de la guerra, cambiada de signo

La sexta cláusula compromete a Estados Unidos, con socios regionales, a un plan de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, y la séptima a terminar «todo tipo de sanciones» según un calendario acordado, con exenciones inmediatas para la exportación de petróleo iraní que Washington activó el 21 de junio. Se suma, según fuentes iraníes citadas por la prensa, un acuerdo en Suiza para liberar doce mil millones de dólares en activos congelados. La máxima presión fue, en su núcleo, una arquitectura de sanciones, y desmontarla a cambio de una pausa equivale a reconocer que la presión no produjo la rendición que prometía. Que la potencia que bombardeó se obligue además a financiar la reconstrucción del país bombardeado invierte el signo de la cuenta, porque la guerra la pagaron los civiles iraníes bajo las bombas y el bloqueo, y los consumidores de medio mundo en la factura energética, y el papel firmado convierte parte de ese costo en compromiso de pago de Washington. La Casa Blanca presentó el acuerdo como «América Primero en acción»; el análisis de Persuasion lo tituló con menos indulgencia, Trump perdió la guerra y la negociación.

El uranio: la línea roja, cruzada hacia adentro

La octava cláusula es la que más desmiente el relato de la victoria. Irán reafirma que no fabricará ni adquirirá armas nucleares, un compromiso que Teherán venía sosteniendo desde antes de la guerra, y ambas partes acuerdan resolver la disposición de su material enriquecido mediante dilución en el propio emplazamiento, bajo supervisión del OIEA. Irán conserva unos 440 kilogramos de uranio al 60 por ciento, por debajo del grado militar pero muy por encima del uso civil. Que ese material se diluya en suelo iraní en lugar de salir del país es precisamente la fórmula que Washington había rechazado durante años por inaceptable, ya que deja en pie la capacidad de enriquecimiento sobre el territorio. Los misiles quedaron directamente fuera de la mesa, con la fórmula iraní de que «son para disparar, no para negociar». La línea roja que justificó la campaña terminó cruzada hacia el lado iraní del mapa.

Lo exigible y lo diferido: dónde quedó el poder de hacer cumplir

El resto del articulado fija un mecanismo de monitoreo, una implementación por fases, la liberación de activos y una resolución del Consejo de Seguridad que daría carácter vinculante al acuerdo final, todavía por negociar dentro de los sesenta días. Aquí se revela la asimetría que importa, porque las obligaciones inmediatas y verificables recaen sobre Estados Unidos, que levanta el bloqueo en treinta días, exime las exportaciones de petróleo y se compromete con cifras concretas, mientras las contrapartes iraníes quedan formuladas en términos blandos, los «mejores esfuerzos», el desminado autocertificado, una renuncia nuclear que Teherán siempre afirmó, y su verificación se posterga al pacto futuro. Quien concede primero, en plazos cortos y montos exactos, y acepta que lo demás se discuta después, negocia desde la necesidad. Esa es la lectura estructural, independiente de la retórica, de quién quedó en peor posición en la mesa.

El uso táctico de la tregua

Lo que siguió confirma que el memorando funcionó como instrumento y no como final. El 20 de junio Irán declaró cerrado el estrecho en represalia por ataques israelíes en el Líbano, y el ejército estadounidense lo desmintió. El 21, mientras Washington activaba las exenciones petroleras, Trump amenazaba con una invasión. El 25, un dron atribuido a la Guardia Revolucionaria alcanzó al portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense, cerca de la costa de Omán, y la Organización Marítima Internacional suspendió la evacuación de los marinos atrapados, mientras Trump calificaba el ataque de «violación estúpida» del memorando. El 26, el Mando Central estadounidense bombardeó depósitos de misiles y drones y estaciones de radar en la costa iraní. El 27, Teherán anunció que había atacado objetivos estadounidenses en el Golfo, Baréin denunció un ataque con drones y el Centro de Información Marítima Conjunta abrió una ruta más amplia cerca de Omán.

Nueve días separan la firma del primer bombardeo posterior. Leído con frialdad, el memorando cumplió la función que justificaba firmarlo para cada parte, porque reabrió el flujo de crudo y alivió la presión sobre el precio que empujaba a Washington a un cierre rápido, y le entregó a Teherán el levantamiento del bloqueo, las exenciones y el reconocimiento de su enriquecimiento. Ninguna de las dos partes lo trató como un punto final, y ambas lo usaron para reacomodar la posición antes del siguiente intercambio de fuego. La pregunta que ordena todo lo demás apunta menos a si la tregua se rompió que a quién ganó posición mientras duró, y a costa de quién. Washington recuperó la iniciativa militar, Teherán capitalizó las concesiones escritas y conservó la llave del estrecho, y la cuenta, una vez más, quedó a cargo de las tripulaciones varadas, de los marinos que siguen a bordo y de las economías que importan el petróleo cuya renta dos gobiernos se disputan.